Elizabeth Jelin / Sergio Caggiano /
Laura Mombello:
Por los derechos. Mujeres y hombres
en la acción colectiva
Buenos Aires: Nueva Trilce, 2011, 240 págs.
Reseña: María Victoria D’Amico
♦ La
brecha existente entre los derechos adquiridos y su cumplimiento es una
preocupación central tanto para la acción política como para el campo
académico, ocupados en la consolidación de la ciudadanía y la participación,
particularmente a partir de los procesos de democratización que atravesaron los
países de América Latina en las últimas décadas. Dichas transformaciones
situaron los interrogantes de las ciencias sociales en el rol del Estado y de
la sociedad civil para la elaboración y la concreción de marcos regulatorios
que garanticen los derechos de las personas.
¿Cuál es el impacto de la acción colectiva orientada a la
ampliación de derechos en las instituciones que deben responder a las demandas
de ciudadanía –en particular, el Estado-? ¿De qué manera las personas, a través
de su participación en organizaciones sociales, exigen el cumplimiento de
derechos formalmente reconocidos? El libro nos desafía a inmiscuirnos en el
escurridizo terreno de la ciudadanía desde el enfoque de la accesibilidad. En
esta dirección, la disociación entre la lógica formal del derecho y la de la
acción social de las organizaciones ofrece el punto de partida y orienta la
indagación hacia los desfases y las posibilidades de encuentro- nunca
coherentes ni lineales- entre ciudadanía y acción colectiva.
El texto tiene la impronta del trabajo y las discusiones
colectivas, producto de un programa de investigación que le otorga unidad como
herramienta de análisis. Sin dudas, la apuesta más significativa que sostienen
el autor y las autoras es epistemológica y consiste en buscar respuestas contextuales
a los debates teóricos en torno a la ciudadanía y los derechos humanos: afirman
que sólo estudiando la coyuntura se puede encontrar respuestas –siempre
contingentes, concretas y situadas- a estos dilemas analíticos.
En la introducción quedan planteadas las coordenadas que
guían el recorrido. En principio, atraviesa al trabajo una concepción integral
de ciudadanía y derechos humanos, en el sentido de que su ejercicio requiere
del cumplimiento concomitante de derechos que son inescindibles (10). Luego, la
necesidad de desentrañar la compleja dinámica de articulación entre los
derechos y las instancias de movilización de los actores involucrados en su
concreción, atendiendo a los vínculos entre organización y movimiento social.
Finalmente, el interrogante acerca de las marcas de género presentes en estas
luchas, tanto a nivel de los actores como de los marcos legales que las
instituciones consolidan.
El marco analítico e histórico de la investigación es
presentado por Elizabeth Jelin en la primera parte del libro, donde dialoga con
una larga tradición de estudios sobre ciudadanía a partir de la cual construye
un interrogante que nos interpela provocativamente: “¿En qué relaciones
sociales ejercemos efectivamente nuestros derechos ciudadanos?” (27). Presenta
luego la relación entre movimientos sociales y acción colectiva para recuperar
el doble rol que despliegan las organizaciones en la lucha, uno instrumental y
otro expresivo, que operan fortaleciendo los mecanismos institucionales del
sistema democrático.
La segunda parte nos sumerge de lleno en los trabajos
empíricos, que abordan tres campos de análisis vinculados al enmarcado teórico
presentado: Sergio Caggiano indaga en los derechos de los inmigrantes, Nina
Zamberlin en los derechos sexuales y reproductivos y Laura Mombello en los
derechos ligados a la cuestión ambiental-indígena. Si los casos dan cuenta de
procesos significativos en la coyuntura argentina actual, no obstante, el
abordaje elegido no pierde de vista la imbricación de los casos nacionales en
el marco transnacional de definición de lineamientos políticos y jurídicos.
Este horizonte metodológico más amplio convierte al libro en un aporte relevante
para nuestras investigaciones, en tanto los casos analizados proveen de claves
analíticas fundamentales que permiten revisar conceptual y metodológicamente la
relación entre ciudadanía, acción colectiva y desigualdad dondequiera que
aquéllas se sitúen.
La primera clave da cuenta del cambio de escala que implica
transitar de la categoría de ciudadanía -arraigada en la existencia del Estado
nación-, hacia los derechos humanos, que tienen un alcance mayor y ponen en escena
la discusión por el acceso a derechos colectivos. Como bien muestran los
artículos, la internacionalización de los marcos jurídicos ofrece nuevas
herramientas a la acción colectiva a la vez que le plantea el desafío de la
múltiple escala. Ligado a ello, nos permite comprender cómo las organizaciones
sociales presionan sobre las fronteras políticas del Estado y cuestionan su
legitimidad como marco regulatorio, a partir de que las pertenencias
comunitarias e identitarias desbordan el alcance nacional, para reclamar en
cambio su especificidad jurídica.
Una segunda clave se construye alrededor del supuesto de que
la institucionalización de la política expresa una relación entre movimientos
sociales y sistema político en dos sentidos. Por un lado, puede constituir un
momento de culminación de una acción colectiva cuando se logran traducir
demandas en derechos, tal como lo advierte Sergio Caggiano en su reconstrucción
minuciosa del proceso de sanción de la nueva Ley de Migraciones. Por otro,
puede activar una acción colectiva para exigir su efectiva aplicación, es decir,
que el reconocimiento legal se constituye en piso para la acción, a la manera
en que lo presenta Laura Mombello para el entramado ambiental-indígena de
Ingeniero Jacobacci; como también poner al descubierto la vulneración de
derechos adquiridos que ocurre ante la ausencia y/o deficiencia de la reglamentación
de las leyes, situación que muestra con agudeza Nina Zamberlin a través del recorrido
histórico que realiza por la implementación de las leyes de salud sexual y reproductiva.
Así, los trabajos evidencian que la acción colectiva incorpora nuevos derechos,
pero también que ella emerge en las brechas existentes entre los marcos
jurídicos y el ejercicio de derechos, como exigibilidad de los ya existentes.
La tercera clave analítica retoma el interrogante inicial
sobre el lugar que tiene el clivaje de género para configurar las relaciones dentro
de las organizaciones sociales. No refiere con ello a la mera predominancia de
las mujeres en su constitución, sino a las dinámicas que conlleva la generización
de las demandas. Ésta adquiere diferentes gradientes, desde un liderazgo masculino
que imposibilita la visibilidad de los reclamos de las mujeres en la escena
pública hasta la consolidación de liderazgos de mujeres y la formulación de la
lucha política en términos de un lenguaje feminizado y familístico (153).
Finalmente, la tercera parte del libro nos convida al
diálogo directo con los y las protagonistas de las movilizaciones. Estas voces
permiten iluminar el conflicto, elemento de reiterada aparición e intrínseco a
la constitución de los movimientos que, en sus intentos por ampliar sus bases
de legitimidad de cara a diversos actores, chocan con los límites de esas
articulaciones.
Para terminar, considero que la mayor contribución del texto
radica en su estrategia innovadora, basada en el trabajo empírico, para
enfrentar una ya clásica paradoja infranqueable en términos teóricos: la de
igualdad y diferencia, en esta oportunidad asociada al ejercicio de los
derechos ciudadanos. En definitiva, el libro enriquece nuestra mirada porque
logra asir discusiones centrales en la agenda de las ciencias sociales hoy a la
vez que ofrece una sólida guía metodológica para su abordaje, invitándonos a
desarrollar investigaciones que, a través de análisis situados, aporten
densidad a la definición de categorías históricamente controvertidas. ♦