Elizabeth Jelin / Sergio Caggiano / Laura Mombello: 

Por los derechos. Mujeres y hombres en la acción colectiva

Buenos Aires: Nueva Trilce, 2011, 240 págs.

Reseña: María Victoria D’Amico

 


La brecha existente entre los derechos adquiridos y su cumplimiento es una preocupación central tanto para la acción política como para el campo académico, ocupados en la consolidación de la ciudadanía y la participación, particularmente a partir de los procesos de democratización que atravesaron los países de América Latina en las últimas décadas. Dichas transformaciones situaron los interrogantes de las ciencias sociales en el rol del Estado y de la sociedad civil para la elaboración y la concreción de marcos regulatorios que garanticen los derechos de las personas.

¿Cuál es el impacto de la acción colectiva orientada a la ampliación de derechos en las instituciones que deben responder a las demandas de ciudadanía –en particular, el Estado-? ¿De qué manera las personas, a través de su participación en organizaciones sociales, exigen el cumplimiento de derechos formalmente reconocidos? El libro nos desafía a inmiscuirnos en el escurridizo terreno de la ciudadanía desde el enfoque de la accesibilidad. En esta dirección, la disociación entre la lógica formal del derecho y la de la acción social de las organizaciones ofrece el punto de partida y orienta la indagación hacia los desfases y las posibilidades de encuentro- nunca coherentes ni lineales- entre ciudadanía y acción colectiva. 

El texto tiene la impronta del trabajo y las discusiones colectivas, producto de un programa de investigación que le otorga unidad como herramienta de análisis. Sin dudas, la apuesta más significativa que sostienen el autor y las autoras es epistemológica y consiste en buscar respuestas contextuales a los debates teóricos en torno a la ciudadanía y los derechos humanos: afirman que sólo estudiando la coyuntura se puede encontrar respuestas –siempre contingentes, concretas y situadas- a estos dilemas analíticos.

En la introducción quedan planteadas las coordenadas que guían el recorrido. En principio, atraviesa al trabajo una concepción integral de ciudadanía y derechos humanos, en el sentido de que su ejercicio requiere del cumplimiento concomitante de derechos que son inescindibles (10). Luego, la necesidad de desentrañar la compleja dinámica de articulación entre los derechos y las instancias de movilización de los actores involucrados en su concreción, atendiendo a los vínculos entre organización y movimiento social. Finalmente, el interrogante acerca de las marcas de género presentes en estas luchas, tanto a nivel de los actores como de los marcos legales que las instituciones consolidan.

El marco analítico e histórico de la investigación es presentado por Elizabeth Jelin en la primera parte del libro, donde dialoga con una larga tradición de estudios sobre ciudadanía a partir de la cual construye un interrogante que nos interpela provocativamente: “¿En qué relaciones sociales ejercemos efectivamente nuestros derechos ciudadanos?” (27). Presenta luego la relación entre movimientos sociales y acción colectiva para recuperar el doble rol que despliegan las organizaciones en la lucha, uno instrumental y otro expresivo, que operan fortaleciendo los mecanismos institucionales del sistema democrático.

La segunda parte nos sumerge de lleno en los trabajos empíricos, que abordan tres campos de análisis vinculados al enmarcado teórico presentado: Sergio Caggiano indaga en los derechos de los inmigrantes, Nina Zamberlin en los derechos sexuales y reproductivos y Laura Mombello en los derechos ligados a la cuestión ambiental-indígena. Si los casos dan cuenta de procesos significativos en la coyuntura argentina actual, no obstante, el abordaje elegido no pierde de vista la imbricación de los casos nacionales en el marco transnacional de definición de lineamientos políticos y jurídicos. Este horizonte metodológico más amplio convierte al libro en un aporte relevante para nuestras investigaciones, en tanto los casos analizados proveen de claves analíticas fundamentales que permiten revisar conceptual y metodológicamente la relación entre ciudadanía, acción colectiva y desigualdad dondequiera que aquéllas se sitúen.

La primera clave da cuenta del cambio de escala que implica transitar de la categoría de ciudadanía -arraigada en la existencia del Estado nación-, hacia los derechos humanos, que tienen un alcance mayor y ponen en escena la discusión por el acceso a derechos colectivos. Como bien muestran los artículos, la internacionalización de los marcos jurídicos ofrece nuevas herramientas a la acción colectiva a la vez que le plantea el desafío de la múltiple escala. Ligado a ello, nos permite comprender cómo las organizaciones sociales presionan sobre las fronteras políticas del Estado y cuestionan su legitimidad como marco regulatorio, a partir de que las pertenencias comunitarias e identitarias desbordan el alcance nacional, para reclamar en cambio su especificidad jurídica.

Una segunda clave se construye alrededor del supuesto de que la institucionalización de la política expresa una relación entre movimientos sociales y sistema político en dos sentidos. Por un lado, puede constituir un momento de culminación de una acción colectiva cuando se logran traducir demandas en derechos, tal como lo advierte Sergio Caggiano en su reconstrucción minuciosa del proceso de sanción de la nueva Ley de Migraciones. Por otro, puede activar una acción colectiva para exigir su efectiva aplicación, es decir, que el reconocimiento legal se constituye en piso para la acción, a la manera en que lo presenta Laura Mombello para el entramado ambiental-indígena de Ingeniero Jacobacci; como también poner al descubierto la vulneración de derechos adquiridos que ocurre ante la ausencia y/o deficiencia de la reglamentación de las leyes, situación que muestra con agudeza Nina Zamberlin a través del recorrido histórico que realiza por la implementación de las leyes de salud sexual y reproductiva. Así, los trabajos evidencian que la acción colectiva incorpora nuevos derechos, pero también que ella emerge en las brechas existentes entre los marcos jurídicos y el ejercicio de derechos, como exigibilidad de los ya existentes.

La tercera clave analítica retoma el interrogante inicial sobre el lugar que tiene el clivaje de género para configurar las relaciones dentro de las organizaciones sociales. No refiere con ello a la mera predominancia de las mujeres en su constitución, sino a las dinámicas que conlleva la generización de las demandas. Ésta adquiere diferentes gradientes, desde un liderazgo masculino que imposibilita la visibilidad de los reclamos de las mujeres en la escena pública hasta la consolidación de liderazgos de mujeres y la formulación de la lucha política en términos de un lenguaje feminizado y familístico (153).

Finalmente, la tercera parte del libro nos convida al diálogo directo con los y las protagonistas de las movilizaciones. Estas voces permiten iluminar el conflicto, elemento de reiterada aparición e intrínseco a la constitución de los movimientos que, en sus intentos por ampliar sus bases de legitimidad de cara a diversos actores, chocan con los límites de esas articulaciones.

Para terminar, considero que la mayor contribución del texto radica en su estrategia innovadora, basada en el trabajo empírico, para enfrentar una ya clásica paradoja infranqueable en términos teóricos: la de igualdad y diferencia, en esta oportunidad asociada al ejercicio de los derechos ciudadanos. En definitiva, el libro enriquece nuestra mirada porque logra asir discusiones centrales en la agenda de las ciencias sociales hoy a la vez que ofrece una sólida guía metodológica para su abordaje, invitándonos a desarrollar investigaciones que, a través de análisis situados, aporten densidad a la definición de categorías históricamente controvertidas.