Javiera Barandiarán (2018)
Science and Environment in Chile. The politics of expert advice in a Neoliberal Democracy.
Cambridge, MA: MIT Press, 261 p.
Reseñado por Tania Ramírez Farias
Pontificia Universidad Católica del Perú / Programa trAndeS
La región andina es escenario de múltiples conflictos ambientales por la disputa sobre el acceso, control y manejo de recursos naturales. Al respecto, la ciencia ambiental - a través de sus múltiples instituciones, disciplinas y actores- ha sido un saber que tanto convocado como contestado por activistas y funcionarios estatales por su rol en la intermediación de estos conflictos. Un lugar común es que la intervención de la ciencia despolitiza los valores que radican en el trasfondo de estos conflictos. En otros casos, la ciencia permitió traducir las demandas de los activistas para convertirlos en interlocutores válidos. Entonces, ¿cuál es la relación entre ciencia y poder en las democracias neoliberales emergentes? El libro “Science and Environment in Chile. The politics of expert advice in a Neoliberal Democracy” de Javiera Barandiarán, profesora asociada del programa de Estudios Globales de la Universidad de California, Santa Bárbara, aborda esta pregunta en el contexto del Estado neoliberal chileno y en particular, en la construcción de su autoridad pública para el equilibrio entre crecimiento económico y demandas ciudadanas de sostenibilidad ambiental.
El libro se organiza en tres partes. En la primera se introduce la relación entre estado y ciencia ambiental para luego historizar esta relación en Chile en tanto país periférico y bajo la lógica del neoliberalismo (capítulos 1- 2). La segunda parte desarrolla cuatro conflictos ambientales en sectores distintos: la industria del salmón, la planta de celulosa y papel Celso Arauco, el megaproyecto aurífero Pascua Lama e HidroAysén, una central hidroeléctrica (capítulos 3- 6). La tercera parte corresponde a las conclusiones. El abordaje metodológico responde a un enfoque cualitativo y se apoya en entrevistas a activistas, servidores públicos, científicos y consultores que participaron en los conflictos analizados, así como trabajo de observación y archivo.
La relación entre ciencia y formación del Estado ha sido largamente explorada en la literatura. En contraste con la idea que la ciencia está al servicio de objetivos de dominio de los estados imperiales, Barandiarán argumenta que en Chile funciona un mercado de ideas sobre el cual se apoyan las agencias estatales y los servidores públicos por considerar que deben aparecer ante el público como intermediarios “neutrales” frente a intereses en conflicto: empresariado versus activistas. Según la autora, la consecuencia es que el Estado se vuelve un demandante de estudios e informes a científicos y expertos en lugar de abocarse a la construcción de capacidades analíticas en sus agencias estatales para buscar ser un actor legítimo en la intermediación de conflictos y la salvaguarda del ambiente y, en suma, en la conducción hacia el bien común.
Los casos ejemplifican cómo la ciudadanía termina considerando a las decisiones estatales como “políticas” o arbitrarias frente a los intentos de agentes estatales de legitimar sus decisiones apelando a “lo técnico”, entendido como decisiones signadas por el imperio de la ley. Esto sucede incluso cuando se desaprueba un proyecto, como el caso del proyecto minero Pascua Lama.
El recuento de Barandiarán sobre cómo se toman decisiones sobre el ambiente en coyunturas conflictivas en el marco de un Estado neoliberal no anula el peso de la agencia. En algunas oportunidades, los servidores sí presionan hacia una mayor regulación y capacidad de vigilancia de las agencias estatales. El libro narra cuando la autoridad pesquera procuró regular el mercado de consultores de la industria de salmón. Sin embargo, la autora argumenta que esta decisión está más orientada a que la ciudadanía crea en el dato de los análisis que presentan las consultoras más que a reforzar su credibilidad.
El libro también es una contribución al estudio de la condición misma de los científicos y consultores en el Chile neoliberal, que significó la reducción de presupuesto público para promover la investigación científica. Ante la falta de oportunidades (financieras, institucionales) para que estos actores contribuyan al servicio público salvaguardando su autonomía, se convoca a los expertos bajo reglas de mercado para aportar a la solución de controversias a través de diagnósticos, monitoreos y evaluaciones de impacto. Este mercado de ideas sobre asuntos públicos y tan conflictivos es objeto de vigilancia por parte de activistas y de los propios servidores públicos.
Para responder a esta desconfianza, los científicos despliegan un conjunto de estrategias que buscan delimitar las fronteras entre lo que constituye “ciencia” y “consultoría”, asignándole a la primera más credibilidad e independencia. Por ejemplo, delimitan el rol de la ciencia a la formulación de líneas de base sin involucrarse en análisis de impacto y de esa manera refuerzan el rol marginal de la ciencia en las controversias ambientales (caso HidroAysén). De otro lado, incluso entre los que se identifican y tienen credenciales como científicos, existen distinciones en función al desigual acceso a recursos, redes y al vínculo que tienen o no con los lugares donde se localizan los conflictos analizados. Para el caso del conflicto en torno a una planta de celulosa de la empresa Celso Arauco, la intervención de una universidad local, por ejemplo, fue desestimada por considerar que el equipo de investigadores estaba demasiado inmerso en la causa, lo que comprometía su “objetividad”.
En suma, estamos ante un libro fundamental para alimentar los debates en la región sobre la mediación de la ciencia y el saber experto para la regulación ambiental de Estados en la periferia en torno a industrias contaminantes y con biodiversidad así como decisiones sobre proyectos controversiales por sus potenciales consecuencias ecológicas.
Una de las fortalezas del libro es su abordaje de cuatro tipos de industria (pesca, industria, minería, hidroeléctrica) que involucran a múltiples agencias estatales y procedencia institucional de científicos y consultores. Además, la autora propone un giro novedoso a la idea de la ciencia al servicio de la pretensión de dominio territorial del Estado. Partiendo del contexto de la debilidad de los Estados periféricos y del neoliberalismo, los funcionarios recurren a un mercado de la ciencia para mostrarse como actores neutrales.
En vista que los casos no coinciden temporalmente; un enfoque comparativo sobre los distintos resultados en las medidas, decisiones y aprendizajes institucionales en cada caso sería interesante. ¿Por qué se reguló el mercado de expertos en el sector pesca y no en los otros sectores? ¿Por qué se revirtió una aprobación de un estudio de impacto ambiental en un caso y en otro no? Por otro lado y si bien no era el objetivo de la autora hacer un estudio sobre ciencia ciudadana, llama la atención que el papel de los activistas aparezca reducido a convocar a científicos o aparecer desconfiados frente a potenciales conflictos de interés. Un estudio sobre ciencia y decisiones públicas en torno al medioambiente podría fortalecerse mucho al considerar la “ciencia desde abajo” y lo que autores como Fabiana Li han denominado valores inconmensurables.
Finalmente, el libro es una invitación a pensar en los límites del rol subsidiario del estado neoliberal en la producción de conocimiento ambiental. ¿Qué instituciones para la producción de conocimiento en la solución de controversias ambientales se debería impulsar? Y, ¿quiénes serían los actores convocados en esta producción de proposiciones sobre los impactos ambientales de proyectos de inversión? El balance de Javiera Barandiarán apunta hacia un fortalecimiento de las capacidades científicas dentro del Estado, con servidores públicos y científicos que gocen de autonomía y un compromiso hacia el bien común.