Derecho y tributación en América Latina: entre problemas
persistentes y nuevos desafíos
Entrevista con Francisco Saffie Gatica
Universidad Adolfo Ibañez
Entrevista realizada por Jorge Atria
Santiago de Chile, Mayo 2017
Aunque los análisis sobre tributación contemporánea reconocen la
importancia de factores económicos, políticos, sociales e
institucionales, es innegable que la legislación ocupa un lugar
central. Los procesos de discusión y creación de una ley, las
tensiones de poder que ella refleja, y el respeto o incumplimiento
de la misma en la vida cotidiana permiten explicar en gran medida el
desempeño de nuestros sistemas tributarios, su incidencia en el
estado y su impacto en la vida de los ciudadanos. En esta
entrevista, Francisco Saffie, abogado, doctor en derecho de la
Universidad de Edimburgo y profesor de la Universidad Adolfo Ibañez
discute algunos temas actuales sobre tributación en América Latina
desde una perspectiva sociojurídica y de derecho tributario.
Jorge Atria (J.A.): Si uno revisa el diagnóstico de los
sistemas tributarios en América Latina hay cierto consenso de que
son injustos, de que comparten características que los hacen
insuficientes, o que no tienen capacidad para hacer tributar
adecuadamente a sus ciudadanos. La economía ha generado abundante
evidencia sobre eso, y ha desarrollado instrumentos y conceptos para
explicarlo: progresividad, regresividad, inequidades verticales,
horizontales, etc. Sin embargo es más difícil interpretar todo esto
desde el derecho ¿Cómo observa el derecho el desarrollo y evolución
de la tributación latinoamericana?
Francisco Saffie (F.S.): Es una buena pregunta y me parece
desafiante en el sentido de que obliga al jurista a mirar el derecho
desde fuera del derecho, porque para hacer esa evaluación uno
debería tener una perspectiva más sociojurídica. Esa perspectiva
revela un derecho que ha estado en función de intereses económicos.
Eso implica que uno podría mirar quiénes han tenido la influencia
para determinar los beneficios tributarios que existen en
Latinoamérica, que son muchos al capital, para ver cómo la
fiscalización tributaria ha estado centrada más en cuestiones de
cumplimiento formal que de cumplimiento sustantivo, y ahí se escapa
generalmente la renta, y eso pasa en todo Latinoamérica.
Desde el punto de vista dogmático jurídico, desde dentro del
derecho, ha faltado reflexión y teoría. Hay poca sistematización,
poca racionalidad, poco dotar de sentido a las instituciones,
principalmente porque los asesores tributarios y la educación legal
tributaria, en Chile y yo diría que en Latinoamérica también, ha
estado más enfocada en la prestación de servicios legales y la
asesoría tributaria al capital. Y eso ha implicado que en las
universidades se enseña poca dogmática y poca teoría jurídica sobre
los impuestos, hay poca comprensión de cómo se generan las
obligaciones tributarias más allá de la satisfacción formal de la
ley. Antiguamente, hasta comienzos de los sesenta, existía en
Latinoamérica un interés mayor en desarrollar el derecho tributario.
Por ejemplo, se hacían congresos de tributaristas latinoamericanos,
que no eran asesores tributarios si no que eran teóricos, estaban
preocupados de un trabajo filosófico y jurídico dogmático sobre las
instituciones tributarias. Ahí está por ejemplo el trabajo que
hicieron Dino Jarach o Valdés Costa. Y todo eso quedó en el olvido.
A mi juicio, el derecho tributario lamentablemente fue pospuesto por
el análisis de política tributaria desde el punto de vista de las
finanzas públicas a partir de los setenta. Las ciencias jurídicas
fueron dejadas de lado por las ciencias económicas y los impuestos
se entendían, yo diría hasta la crisis del 2008, más vinculados con
cuestiones económicas que con cuestiones de justicia. Ahí apareció
la importancia del derecho para el derecho tributario porque
cuestiones sobre cómo hacer cumplir las obligaciones tributarias o
qué significa tener una obligación tributaria son problemas
jurídicos. Así también, el problema de la elusión es un problema
jurídico, a pesar que habitualmente se dice que es moral. Es un
problema de cómo se generan las obligaciones tributarias y cómo se
hace legalmente responsables a los contribuyentes de sus
obligaciones.
J.A.: ¿En qué falla la conversación socio jurídica o qué
elementos se ponderan mal, de modo que se centra en ese tipo de
análisis y no en otros que podrían ser de mayor importancia?
F.S.: Los estudio sociojurídicos en Latinoamérica no se han
preocupado de levantar información distinta a la que proveen
oficialmente las autoridades, o no han buscado creativamente dónde
podrían haber problemas que no están viendo. Han faltado estudios
sociojurídicos que vayan en contra de la ortodoxia -aunque esto ha
ocurrido por el propio desarrollo de la academia, lo que se ve
condicionado también por la manera en que se enseña, en que se
entregan financiamientos para la investigación. Y ha faltado también
la comprensión de que este es un problema de estructuras sociales y
no simplemente moral. Lo mismo que estábamos hablando antes respecto
del derecho, de que se cree que es un problema ético, cuántos
impuestos debo pagar, como si no fuera un problema de obligaciones.
Esto crea un vínculo muy estrecho entre formalidad y cumplimiento,
que da espacio para elusión, pero es todo lo contrario: es
cumplimiento formal y no cumplimiento sustantivo. En términos
jurídicos y sociológicos pienso que se ha exacerbado el componente
moral de los impuestos. Tal como si el derecho penal, por ejemplo,
matizara las condiciones bajo las cuales ciertas cuestiones son
criminalizadas, o por qué ciertas personas son castigadas. En
ninguno de los dos casos se analizan las condiciones éticas del
sujeto que cometió algo ilícito. Si alguien mata a otra persona, se
siguen ciertas consecuencias, porque matar es un delito. En
consecuencia, establezco una pena y dirijo la política criminal,
sociológicamente hablando, a evitar la comisión del homicidio.
¿Cuáles son las razones psicológicas o morales que una persona tuvo
para matar a otro? No es relevante para definir la política y el
análisis sociológico. Para la psicología podría ser, pero eso es
otra cosa.
J.A.: Quizás lo moral está muy presente porque la política
tributaria representa una dimensión estratégica de los estados
contemporáneos. Parafraseando a Murphy & Nagel (2002), no
bastaría con decir únicamente que son necesarios bajos impuestos
para el crecimiento o la productividad, sino que uno tiene que
argumentar por qué. En la práctica, se escucha cotidianamente que
altos impuestos van a desincentivar el crecimiento, que se requieren
bajos impuestos para que el país tenga estímulos para crecer o para
que aumente la productividad, y todo tipo de asociaciones que tienen
finalmente un asiento moral, con valores y preferencias.
F.S.: Efectivamente en términos de la discusión pública son
necesarios los argumentos morales respecto de la justificación de
una determinada institución, sobre qué es lo justo. Pero eso no
quiere decir que la aplicación de la ley esté abierta a la
consideración individual o a la consideración moral; lo que el
derecho discute en un caso es la satisfacción o no de las
condiciones legales. A eso me refiero con que hemos creado una
especie de transitividad desde los argumentos morales, a favor o en
contra de la institución de los impuestos, como argumento al momento
de revisar la satisfacción de las condiciones bajo las cuales se
aplica el derecho tributario a un caso particular. Entonces el
elusor reclama que no está haciendo nada ilegal porque él tiene la
posibilidad de evitar el pago de los impuestos ya que son un robo,
por ejemplo. O decimos a las personas que tienen que pagar sus
obligaciones porque es importante en términos morales que todos
contribuyamos. Eso está muy bien, pero a nivel de justificación de
la práctica. Después hay que determinar cómo eso se va concretizando
en términos legales de obligación, a eso me refería con obligación
en términos dogmáticos jurídicos.
Esto tiene que empezar a pasar en materia tributaria. Es una suerte
de atraso que existe en materia legal. Y en materia sociológica, yo
creo que hay que lidiar con las dos cosas. Un buen análisis
sociológico debería considerar la justificación moral para hacer una
evaluación de la institución, en qué estamos o cómo vamos a
entenderla, y después ver qué consecuencias tiene eso a nivel del
cumplimento tributario. La sociología sí puede estudiar cómo la
autocomprensión de la institución por parte de ciertos sujetos está
vinculada o no con ciertas comprensiones morales. Pero en términos
sociolegales ha faltado no aceptar el discurso ortodoxo respecto de
los impuestos y sus fines instrumentales.
J.A.: En la reflexión tributaria se plantea como una
necesidad, pero aparece como un imposible todavía, la idea de
articular o coordinar los estados nacionales para controlar los
problemas de erosión de la base y movimientos de capital a la luz de
los problemas de paraísos fiscales. Primero, ¿cómo ves esto, en
términos de factibilidad institucional?. Segundo: hoy en día lo más
parecido a esto es lo que la OCDE ha desarrollado con el proyecto
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). ¿Cómo evalúas eso?
F.S.: En términos prácticos de coordinación de legislación
internacional, hay muchos problemas dada la movilidad del capital.
Eso es lo que hoy día explica los problemas de elusión y evasión a
nivel global. Lo primero que se le ocurre a quienes hablan de
justicia global es hablar de impuestos, dado que se entiende bajo la
comprensión liberal económica, y de la teoría de la justicia
también, que los impuestos son simplemente instrumentos para fines
de recaudación. Yo creo que eso es parte del problema; o sea, si
logramos hablar en términos de justicia global con una comprensión
no tan instrumental de los impuestos, vamos a tener un análisis
distinto de la legislación que se va a seguir. Sin ese necesario
ideal, han empezado a surgir demandas teóricas por redistribución
global a través de impuestos y también propuestas más bien
prácticas, si uno entiende por práctico, medidas legislativas
inmediatas.
El tipo de medidas que se sugieren son intercambios de información,
medidas globales para asegurar la misma, asegurarse declaraciones
contables globales iguales, transparencia en la información
internacional, etc. Yo creo que esas medidas pueden ayudar. Muchas
de ellas son perfeccionamiento o crítica a las medidas que propone
la OCDE. Pero creo que surgen dos problemas: primero, si bien esas
medidas son bien intencionadas, están equivocadas desde el punto de
vista teórico de la comprensión que tienen respecto de la función
que ellas satisfacen. Si la pretensión es cumplimiento tributario,
podrían servir. Si la pretensión es distribución a nivel global, no
podrían servir, porque el criterio que utilizan es de justicia
correctiva y no distributiva. Por ejemplo: las grandes
transnacionales que se aprovechan de sus recursos en todas partes
del mundo. Con estas medidas tú los haces tributar en un país o en
dos países si se les distribuye, pero no en el resto del mundo.
Entonces también hay una cuestión de justicia en la distribución del
producto que generan estas grandes transnacionales.
Segundo, pienso que cualquier medida que se proponga en términos
globales es más bien inviable. Las bilaterales pueden servir, pero
las globales son más bien inviables porque no tenemos una autoridad
global, no tenemos institucionalidades globales y no tenemos
autoridad en el sentido político. O sea, no tenemos una comprensión
común respecto de los intereses que todos los sujetos del planeta
tienen respecto del uso de estos recursos. Los impuestos, cuando tú
los complejizas y los miras no solo desde un punto de vista
instrumental, son identificación de una polis, es la identificación
de un pueblo y sus necesidades comunes. Entonces habría que pensar
cómo logramos tener un pueblo global, una necesidad global para
entender que los impuestos tienen esta significación política y no
simplemente instrumental como medios coactivos para la
redistribución de recursos.
J.A.: A la luz de las manifestaciones ciudadanas en los
últimos cinco años, hay una idea creciente de que los ciudadanos
pueden incidir o provocar cambio político o institucional,
revitalizando la importancia de la ciudadanía para el funcionamiento
democrático. ¿Qué puede pensarse en términos de acción ciudadana
para el mejoramiento de la tributación en el mundo, y en particular
en América Latina?. Estoy pensando por ejemplo en casos que ya han
sucedido en el Reino Unido de manifestaciones ciudadanas que han
presionado para que grandes empresas tributen en países donde
realmente se han originado esos ingresos y no en aquellos donde hay
un régimen tributario más liviano. ¿En qué medida puede hacerse algo
desde la ciudadanía y en qué medida puede ayudar para esto que haya
más información, más digitalización de información tributaria?
Bastante. Todo lo que pasó en el Reino Unido fue a partir no de la
crisis económica, sino de la solución a la crisis económica que
acordó el capital con los gobiernos. Eso llevó a una reacción: ¡por
qué se les está pagando con nuestras platas a estas empresas! Ahí
fue cuando se dio la necesidad de manifestarse en contra del no pago
de impuestos porque se está exigiendo que con los impuestos pagados
por las personas no se financiaran empresas globales. Y entonces ahí
empieza a aparecer de nuevo la conexión entre política e impuestos.
Desde ahí, la cantidad de información que surgió a nivel global con
distintos movimientos y especialmente a través del mundo digital,
los Wikileaks, los Panamá Papers, donde hay información de buena
calidad, gente proponiendo ideas y discutiendo sobre esto. A mi
juicio es súper interesante. Y no quiero que se confunda con lo que
decía antes respecto de la dogmática jurídica, es aquí donde hay
espacio para la presión moral y la presión política. Para mí
política y moral es lo mismo, pero en principio lo distingo de lo
jurídico porque en esa dimensión jurídica ya tomamos decisiones
políticas o morales respecto de qué es lo bueno. Ahí es donde está
ese escenario moral y político de hacer presión, de criticar el
incumplimiento, de mostrar la importancia que tiene cumplir, de por
qué los sistemas tributarios deberían ser progresivos, todos esos
argumentos que nosotros estamos acostumbrados a ver en el mundo
jurídico, deberían salir de ahí e irse al mundo político.
En Latinoamérica también hay un pueblo y un periodismo más
involucrado en las decisiones, hay mucha gente que se está
involucrando en la discusión política. La pregunta es cuánto eso va
a durar. Sabemos que los regímenes políticos democráticos en
Latinoamérica son bien inestables, y yo creo que uno de los puntos
que podría generar reacciones anti democráticas es este; porque
mientras más se reclama respecto de la distribución del capital, más
se asemeja la discusión a la de los sesenta. Entonces hay que estar
atento a ver cuáles son las consecuencias que se siguen de un
movimiento social que reclama por el pago de impuestos como una
medida de redistribución.